Yo no celebro mi grado de Universidad , mientras en Latino América, la educación siga siendo una mercancia y no un derecho. Por Hector Herrera

La educación es un derecho y no una mercancía. Sin buena educación, el hombre no puede llevar una vida digna, además, según que su educación sea de mejor o de peor calidad, o en nuestra sociedad, más barata o más costosa; podrá la persona tener menos o más posibilidades de elección en la vida. Esto va en contravía del argumento que usa el sistema colombiano y latinoamericano para legitimarse, y es que todos gozamos de libertad de llevar la vida que queramos. Basta mirar el escudo de nuestro país, donde se ve la palabra libertad. Pero nada más lejano de la realidad, uno no elige ser lo que más le guste, sino que está absolutamente determinado por el azar de nacer en una familia privilegiada o no. El estudio del banco mundial sobre América latina y el Caribe, señala que “los niños de familias pobres y de padres con poca educación afrontan una probabilidad relativamente alta de alcanzar niveles educativos bajos, de obtener menos retornos derivados de su educación, y de seguir siendo pobres”[1] El siguiente gráfico muestra la trampa de pobreza en la forma de capital humano. Donde el eje X representa los años de educación de la madre, y el eje Y muestra los años de educación en los hijos. Este es el cálculo hecho por el banco mundial en el caso de Colombia.[2]Según el grado y la calidad de la de educación recibida, sea secundaria, primaria o universitaria; sea en una universidad o colegio de élite o deficiente. Dependerá el abanico de posibilidades que tenga una persona para llevar en su vida. Por ejemplo, un graduado de una universidad, podrá llegar a ser un importante ejecutivo de una empresa, o un reconocido profesor o investigador. En cambio, una persona con un nivel de educación de primaria o secundaría, podrá llegar a ser un celador, cajera de supermercado, o barrendero. Cada uno de los oficios mencionados, son formas honestas de ganarse la vida, y por lo tanto su ejercicio no denigra, lo que sí indigna, es que su ejercicio no sea el fruto de una decisión consciente tomada por una persona, sino el resultado de la educación que se haya recibido, lo cual depende del azar de que la chispa de la vida de ésta o aquella persona, se haya iniciado en una familia privilegiada o no. Esta es la regla general, y como toda regla general tiene sus excepciones, las cuales esgrime el sistema para legitimarse. Esto no debe cegarnos ante la injusticia estructural que padece nuestra sociedad.
Además, una sociedad, donde la educación no es un derecho sino una mercancía de difícil acceso, es una sociedad ineficiente en términos de productividad. En el precitado estudio del Banco Mundial se afirma que:“Los pobres asisten a escuelas de peor calidad; y los retornos de la educación, que son bajos y tardíos, así como las perspectivas reducidas de movilidad por la otra, desalientan la acumulación del capital humano esencial para el crecimiento. La educación aumenta el potencial de ganancias, aumenta la movilidad laboral, promueve la salud de padres e hijos, y reduce la fecundidad y mortalidad de niños”[3]
En Colombia la educación no es un derecho, sino una mercancía que se compra. Un estudiante de Derecho de una universidad de élite como los Andes, por ejemplo. Cuando se toma una foto con su diploma el día del grado, con su toga y birrete, con cara de alegría, debería ser consciente que se está tomando una foto con un título valor impropio por valor de cien millones de pesos. Ese diploma, en ningún momento representa el testimonio de haber ejercidoun derecho tan importante para el individuo y la sociedad como la educación, sino que representa el poder de compra del sujeto que tenga el birrete puesto. Celebrar la graduación de la universidad, es tan absurdo, como si alguien realizara una ceremonia de celebración por la culminación del proceso de compra de un carro obsequio paterno que cuesta cien millones de pesos, proceso que implicó pagar diez cuotas semestrales de diez millones de pesos cada una. En ambos casos se trata de una mercancía que costó lo mismo, y que no depende de la decisión personal de adquirirla o no, sino que fue consecuencia de haber contado con unos padres que hicieran el regalo, lo cual depende de haber nacido en una familia privilegiada o no. Se debe sentir orgulloso alguien por simplemente haber tenido el privilegio de nacer en una familia de élite, hecho que depende totalmente del azar, y no del mérito. Se debería sentir alguien orgulloso por haber ganado una rifa, quizá feliz, quizá dichoso, pero orgulloso jamás, menos cuando ese privilegio es la manifestación de una estructura injusta de la sociedad, que hace indigna la existencia de la mayoría de personas en Colombia, quienes no pueden ejercer el derecho a la educación. Esto es precisamente lo que pasa con la educación en nuestro país y en Latinoamérica.
Lo dicho anteriormente tiene matices, que he dividido en cuatro categorías y trataré de abordar cada una. Tenemos la compra directa, los créditos subsidiados, las universidades públicas, los hijos de pensionados públicos privilegiados, y finalmente, los beneficiarios de becas.
La compra directa se presenta cuando una persona por el hecho azaroso de haber nacido en una familia privilegiada, puede comprar su título, luego de cinco años de inversión continua en dinero, representada en gastos por matrículas semestrales, transporte, libros, tiempo, fotocopias. Gastos sólo costeables por personas con alto poder de compra, es decir, personas de la élite. La relación estrecha entre la educación y el haber nacido en un hogar privilegiado, queda demostrada en el gráfico citado más arriba, el cual recomiendo revisar de nuevo.
Los créditos subsidiados por el Estado[4], son otorgados a cierta clase de personas para que puedan realizar estudios de educación superior, sean en pregrado o posgrado. Estos créditos, a la luz del marco teórico del Banco Mundial, constituyen una medida regresiva, porque no realizan una redistribución de los recursos de forma equitativa que favorezca a los pobres. Para ser beneficiario de un crédito de este tipo, es necesario contar con el respaldo de una persona que sea propietaria de un bien inmueble, lo cual es algo que solamente las personas de la clase media y alta de Colombia, tienen. Además, la forma en que está estructurado el crédito no da el espacio de tiempo, para que una persona pobre, que no cuenta con terceras entradas económicas, pueda recibir los retornos de la educación que ha financiado con su crédito, y por lo tanto, le hace desistir de arriesgarse a endeudarse, y eso, asumiendo que logró encontrar un deudor solidario con finca raíz, lo cual, casi nunca pasa.
Las universidades públicas. Son centros educativos financiados por el Estado, cuyo mecanismo de ingreso se basa en un examen propio o un examen de Estado[5]. Tomando en cuenta la forma en que se da la admisión a éstas, y a la luz del marco teórico del banco mundial, también son regresivas. Es suficiente mirar la lista de admisiones de la Universidad Nacional de Colombia para darse cuenta que solamente uno de cada diez aspirantes pasa, en algunas carreras la situación es más dramática, pues sólo pasa uno de cada cien. ¿Y los otros nueve? Si no tienen dinero para comprar la mercancía educativa, pues van a ser conculcados en su derecho. Argumentará el lector que es lo justo, que solamente los más brillantes pasan el examen lo que garantiza que el dinero que el Estado invierte en esta o aquella universidad pública se usará para educar a las personas que desarrollarán mejores habilidades. No obstante, es innegable que las personas más pobres son quienes obtienen peores resultados en esta clase de pruebas, convirtiéndose las universidades subsidiadas por el Estado en un lugar donde la mayoría de estudiantes son personas de clase media y alta, de origen citadino, generalmente de la capital, y graduados de colegios privados o públicos de la ciudad capital. Esto sin entrar a analizar la grave dificultad que representa para un estudiante humilde de provincia, pensar en pagar una pieza y un plato de comida en la ciudad donde está la universidad pública, que generalmente queda en la capital del país o del departamento. Como en todos los casos, hay algunas excepciones, las cuales celebro, pero no caigo en la trampa de permitir que se legitime todo el sistema educativo.Los hijos de pensionados públicos privilegiados. Funcionarios de instituciones que gracias a fuertes movimientos sindicales lograron privilegios pensiónales regresivos[6]. Estos hijos, cuyos padres son personas que ya habían accedido a la educación superior, reciben un subsidio del ciento por ciento de su universidad. Lo cual es una medida regresiva, pues redistribuye los recursos del Estado para financiar la educación de personas cuyos padres son profesionales con óptimas condiciones pensiónales, que en todo caso tendrían la capacidad económica de comprar la mercancía educativa para sus hijos. En cambio, el dinero invertido en esta medida regresiva, deja de usarse para financiar la educación de personas pobres.
Los beneficiarios de becas. Analicemos el caso de la beca más emblemática en Colombia para bachilleres, la beca Mario Galán. Que es una beca, que sólo beneficia a 34 personas cada año, además, se queda la mayoría de las veces en jóvenes de familias opulentas y de clase media, que contaron con una educación primaria o secundaria de calidad, lo que les permitió lograr excelentes resultados en el examen de Estado, que es el criterio que se usa para otorgar la beca. El que el Estado financie el ciento por ciento de esta beca, constituye una medida regresiva. Por supuesto, como todo en la vida, hay excepciones de estudiantes pobres que la ganaron, que son contadas con los dedos de la mano y que en ningún momento servirían para legitimar la injusticia estructural de nuestro sistema de educación y el talante regresivo de esta beca en particular. También hay algunos otros sistemas de becas, como el de las becas quiero estudiar de la Universidad de los Andes, que cubren un porcentaje muy reducido de las personas que culminaron su secundaria en el país, y que por lo tanto, no representan un cambio estructural en la sociedad. Ni hablar de la beca que dan a los hijos de profesores universitarios, que cubre el total de la matrícula.
Debo admitir que yo me encuadro en algunas de las cuatro categorías mencionadas más arriba. No obstante, puedo decir que uno como individuo puede adoptar acciones efectivas, que multiplicadas pueden generar cambios estructurales. De tal suerte, yo he decidido que mientras la educación siga siendo una mercancía y no un derecho, no voy a celebrar mi grado de universidad, no voy a ser cómplice de esa injusticia. No me siento orgulloso de haberme ganado la rifa, de haber sido privilegiado y poder estudiar en una universidad, no lo celebraré hasta tener la certeza de que la educación es un derecho y no un privilegio que se compra. Rajagopal, en su texto, el Derecho internacional desde abajo, nos muestra como los movimientos sociales de protesta, sí pueden generar cambios en las políticas públicas, generándose una “dialéctica entre resistencia y cambio institucional”[7] como el generado en las instituciones de Breton Woods a partir de los años setenta. Si las personas empiezan a preguntarse, por qué cada vez menos la gente celebra su grado de universidad, empezarán a cuestionarse el importante papel que tiene la educación en las estructuras de la sociedad, y quizá esto genere los cambios estructurales. Donde la educación dejará de ser una mercancía para convertirse en un derecho.
Las tecnologías de la información nos permiten generar movimientos sociales pacíficos a escala mundial. Por eso, decidí publicar este escrito en un blog, e invitar a todos a quienes lo lean, que si están de acuerdo, lo manifiesten en un comentario y también se comprometan a no celebrar su grado de Universidad. Igualmente, si están en desacuerdo, que lo declaren en un comentario, para mejorar la propuesta, o dado el caso, desistir, si es el contraargumento tan bueno.

[1] Perry Guillermo y otros. Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y viciosos. Banco mundial. P 4.[2] Ibídem. P 4.[3] Ibídem. Banco Mundial P 9.[4] En el caso colombiano se llama ICETEX[5] En el caso colombiano se llama ICFES[6] En el caso colombiano, me refiero al Banco de la república y Ecopetrol.[7] Rajagopal Balakrishnan. El Derecho internacional desde abajo. Ilsa. Bogotá, 2005. P 164.